ESTADO PERUANO CUESTIONADO POR EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
En La reciente sesión del Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño realizada en Ginebra, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Angela Hernández fue cuestionada por la inacción del Estado frente a proyectos de ley del Congreso que vulneran los derechos de las infancias en nuestro país.
Las críticas estuvieron centradas en la impasibilidad del Ejecutivo frente a iniciativas legislativas promovidas por sectores conservadores antiderechos que pretenden imponer su agenda fundamentalista por encima de las políticas públicas existentes y los compromisos internacionales asumidos por el Perú.
El vicepresidente del Comité, Luis Pedernera, preguntó a la ministra sobre las medidas que ha tomado su sector para restituir los derechos de los sobrevivientes del caso Sodalicio y evitar que siga ocurriendo el abuso sexual contra niños y adolescentes en instituciones eclesiásticas.
La ministra Hernández no pudo dar una respuesta concreta al respecto, manifestó no haber accedido al informe de la investigación realizada por el Congreso hace casi cinco años, el cual en realidad ya había sido enviado a su despacho por la congresista Susel Paredes. Señaló además que los delitos de abuso sexual cometidos por integrantes del Sodalicio están bajo responsabilidad del Poder Judicial y el Ministerio Público y manifestó que pediría información a esas instancias.
La respuesta de la ministra Hernández dejó mucho que desear, pues denota que no tiene información actualizada sobre este caso, además de no haber tomado acciones inmediatas para atender a las víctimas y prevenir que otros niños, niñas y adolescentes sufran abusos sexuales en instituciones educativas, universidades y comunidades de esa u otras organizaciones religiosas.
Otros cuestionamientos recibidos por la ministra en la sesión del Comité estuvieron relacionados con la falta de voluntad para investigar las muertes de menores durante las protestas sociales, así como la falta de supervisión sobre los proyectos de ley aprobados en el Congreso que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes al no garantizar la educación sexual integral, privándolos de una herramienta básica para su autocuidado.
