Pronunciamiento: Verdad y justicia para la generación del Bicentenario y el país

VERDAD Y JUSTICIA PARA LA GENERACIÓN DEL BICENTENARIO Y DE TODO EL PAÍS

Compartimos el pronunciamiento que el 18 de noviembre emitieron numerosas organizaciones de la sociedad civil peruana dirigiéndose a la opinión pública y principalmente a nuestras autoridades, sobre todo a quienes integran el Poder Ejecutivo desde el martes 17 de noviembre, cuando el Sr. Francisco Sagasti asumió la presidencia del Perú, abriendo la posibilidad de recuperar la confianza quebrada entre la ciudadanía y el Estado.

En primer lugar, las organizaciones que suscriben el documento, entre las que se encuentra el Grupo Género y Economía, lamentamos profundamente, los lamentables hechos ocasionados por la represión policial, y abuso de poder, que no supo actuar ante una movilización legítima de protesta. Esta actitud abusiva y arbitraria del gobierno usurpador de Merino ocasionó la muerte de dos jóvenes valerosos, detenciones arbitrarias, más de 200 heridos por diversos tipos de proyectiles, la obstrucción del trabajo de las y los abogados y miembros de la prensa, así como el secuestro y la tortura de población civil que debe esclarecerse. Además, como país, hemos ganado la batalla contra la camarilla que quiso gobernarnos; pero tenemos una lucha de largo aliento debemos fortalecer nuestra institucionalidad, revertir crisis de valores éticos, y erradicar la profunda desigualdad social y económica con brechas alarmantes, que desconocen la dignidad de personas de miles hermanas y hermanos peruanos.

Son 8 meses, hasta la asunción del nuevo gobierno, con muchos desafíos, relacionados con:

1.- Investigación exhaustiva e independiente de las violaciones a los derechos humanos, garantía de protección de las pruebas y sanción a los responsables.

2.- Garantizar atención y reparación integral a todas las personas heridas y retenidas ilegalmente durante las manifestaciones.

3.- Garantías de no repetición. Desactivación Grupo Terna, Derogatoria de la Ley 31012, comisión de expertos independientes que proponga reformas institucionales para garantizar la gestión adecuada de manifestaciones, a fin de garantizar el derecho a la protesta pacífica.

4.- Un camino al futuro. La actual crisis desnudó la precariedad de nuestra institucionalidad y del sistema democrático.

Finalmente, el Estado peruano le debe al país un sincero pedido de perdón por todo lo ocurrido, debe garantizar una transición con respeto irrestricto a los derechos humanos, incluyendo la lucha contra la violencia, la discriminación de género, étnico-racial y toda forma de exclusión.

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